A un paso del fallo, caso por triple feminicidio en Santiago Tulantepec está en deliberación
Familiares de Daniela, Josselyn y Guadalupe exigen la pena máxima en Tulancingo; el tribunal prevé definir la culpabilidad de los tres acusados.
Familiares de Daniela, Josselyn y Guadalupe exigen la pena máxima en Tulancingo; el tribunal prevé definir la culpabilidad de los tres acusados.
Familiares de Daniela, Josselyn y Guadalupe exigen la pena máxima en Tulancingo; el tribunal prevé definir la culpabilidad de los tres acusados.
Familiares de Daniela, Josselyn y Guadalupe exigen la pena máxima en Tulancingo; el tribunal prevé definir la culpabilidad de los tres acusados.
Entre exigencias de justicia y máxima condena al cierre de esta edición continuaba desarrollándose el proceso en los Juzgados Penales de Tulancingo, donde un Tribunal de Enjuiciamiento está por definir la culpabilidad de R.G.Y., O.Y.C., y D.G.C., señalados por el triple feminicidio y aborto forzado, ocurrido en Santiago Tulantepec hace más de dos años.
La prolongada audiencia de clausura de este jueves comenzó después de las 15:00 horas. Tras el desarrollo de los debates y la exposición de alegatos finales por parte del Ministerio Público y de las defensas particulares de los acusados, la autoridad judicial estableció un receso, programando la reanudación para las 21:00 horas, momento en el cual se prevé que concluya la deliberación y se emita el fallo correspondiente.
En los alrededores de las instalaciones judiciales, familiares de las víctimas y colectivos se mantuvieron concentrados con pancartas y consignas para vigilar de cerca el desenlace de esta etapa procesal crucial y exigir la pena máxima para los implicados.
El caso gira en torno a los hechos registrados la madrugada del 30 de julio en un domicilio de la colonia San Isidro, en Santiago Tulantepec, donde Daniela, Josselyn y Guadalupe fueron halladas maniatadas y degolladas, sumando el agravante de aborto forzado debido a que una de ellas se encontraba embarazada.
El proceso judicial ha estado marcado por un camino prolongado de exigencia social y diversos retrasos en el procedimiento que obligaron a autorizar una ampliación de 109 días en la prisión preventiva oficiosa de los imputados para evitar que venciera el plazo legal.
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