Sanciones exhiben negligencia y abusos en gobierno de Tulancingo

A lo largo de los primeros dos años del gobierno de la alcaldesa de Tulancingo, Lorena García Cázares, las sanciones administrativas a personas servidoras públicas suman una veintena de expedientes en 2025 y más de una decena hasta mediados de 2026.

Documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia exponen que, desde el extravío de vehículos oficiales y las omisiones financieras ante la Auditoría Superior del Estado hasta casos de violencia laboral al interior de dependencias sensibles, las resoluciones de los órganos de control evidencian la persistencia de negligencia y abuso de poder en el servicio público municipal.

Las faltas sancionadas por los órganos de control trazan un mosaico de irregularidades que abarca desde el mal uso y la desatención de recursos materiales hasta la vulneración directa de derechos laborales y humanos de la ciudadanía y del propio personal del ayuntamiento.

Ceavif: Cuando la titular de

frenar la violencia la replicaba

Uno de los expedientes más delicados documentados en 2025 apunta a la Dirección del Centro Especializado de Atención a la Violencia Familiar (Ceavif) del municipio.

Al resolver el caso, la autoridad determinó que la entonces directora, Yeimy Escorza López, incurrió en una falta administrativa no grave.

La resolución consideró que, aunque la funcionaria incumplió los principios de legalidad, honradez, lealtad y eficiencia que rigen el servicio público, también existieron elementos favorables en su desempeño que permitieron atenuar los aspectos desfavorables.

La investigación acreditó que la funcionaria dejó de observar el respeto hacia las personas servidoras públicas a su cargo.

El expediente documentó intimidaciones, agresiones psicológicas y amenazas de despido, además de advertencias sobre posibles afectaciones físicas.

De acuerdo con el expediente, durante algunas reuniones de trabajo el personal también fue amedrentado con la mención de un arma.

La conducta fue considerada una forma de intimidación que excedía los límites de la conducción laboral.

Al final, la resolución impuso únicamente una amonestación privada. Posteriormente, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT) incorporó a Yeimy Escorza López como encargada de la Dirección Jurídica.

Vehículos oficiales: uso particular,

robos y resarcimientos

El manejo de los bienes municipales también ha derivado en amonestaciones y desembolsos económicos para funcionarios de primer nivel durante el periodo 2026. Los casos más notorios involucran el uso irregular o la pérdida de unidades asignadas.

Uno de estos hechos ocurrió el 5 de septiembre de 2025, cuando Hugo Flores Jiménez, actual secretario del Campo, utilizó un vehículo oficial bajo su resguardo para trasladarse a un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas fuera del horario laboral y sin una comisión oficial.

Aunque la conducta no generó un daño patrimonial cuantificable, la autoridad determinó una amonestación pública por vulnerar el principio de legalidad en el uso de los recursos públicos.

Paralelamente, la Secretaría de Servicios Municipales enfrentó la sustracción de una unidad asignada a su titular, Juan Alberto Santuario Elías.

El vehículo sedán fue robado el 16 de agosto de 2025.

Tras el análisis administrativo, la Contraloría determinó que, aunque el ilícito fue cometido por un tercero, el funcionario incurrió en negligencia al no formalizar una comisión oficial ni aplicar las medidas mínimas de control y custodia.

Como consecuencia, se le impuso una amonestación privada y la obligación de cubrir un pago de 22 mil 310 pesos correspondiente al deducible del seguro.

El pago quedó documentado mediante un depósito bancario a favor del Municipio de Tulancingo de Bravo por 22 mil 310 pesos.

Un oficio de la Secretaría de Tesorería y Administración estableció además que, una vez realizado el depósito, debía tramitarse el comprobante fiscal y la baja del vehículo en el patrimonio municipal.

Un escenario similar involucró al área de Obras Públicas.

El expediente detalla que el titular de la dependencia, Marco Tulio Reyes Orduño, otorgó en resguardo una camioneta oficial modelo 2014, propiedad del municipio de Tulancingo, a Cuauhtémoc Hernández Ángeles, director de Ordenamiento Territorial y Agrario.

La unidad fue utilizada para atender el stand de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente en el Recinto Ferial de Jaltepec.

El expediente establece que la participación fue considerada voluntaria y sin coacción, obligación o presión de la Administración Municipal o de superiores jerárquicos.

El horario comprendió de las 16:00 horas del 12 de agosto hasta las 08:30 horas del 13 de agosto de 2025, madrugada en la que el vehículo terminó por ser sustraído.

A pesar de la pérdida del patrimonio municipal, no se impuso sanción administrativa a los servidores públicos señalados.

El asunto se cerró jurídicamente después de concretarse el pago de 30 mil 616 pesos mediante transferencia electrónica realizada el 31 de enero de 2026 por concepto de resarcimiento del vehículo oficial.

Tesorero que omite; auxiliar que se equivoca

en gratificación y juez que retiene a menores

La lista de sanciones en los registros de transparencia también pone la lupa sobre los altos mandos y el personal operativo. En 2025, el entonces secretario de la Tesorería y Administración, José María Guevara Hernández, fue investigado por omitir la entrega del Informe de Gestión Financiera del tercer trimestre de 2024 ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. No obstante, al no advertirse dolo o ventaja indebida y tratarse de un hecho aislado, la autoridad optó por abstenerse de sancionar.

En contraste, la auxiliar técnico Miriam García Muñoz fue sancionada con inhabilitaciones de tres meses por fallas como la omisión en la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de una gratificación por 30 años de servicio, incumplimiento de funciones y declaraciones de conclusión extemporáneas.

El ejercicio del poder punitivo también alcanzó el ámbito de la seguridad pública. Juan Carlos Gómez Licona, juez calificador de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue sujeto a una medida cautelar de suspensión temporal de su empleo mientras se desahogaba la investigación y se emitía la resolución correspondiente.

El resto de la veintena de expedientes de 2025 y la decena registrada en lo que va de 2026 se compone de inhabilitaciones temporales de tres a seis meses contra policías, bomberos, inspectores, recolectores y personal administrativo.

La causa común en estos casos radica en declaraciones de conclusión extemporáneas.